Desinformación electoral: el caso peruano

Lea este análisis sobre los impactos de la desinformación electoral en Perú.

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DIAGNÓSTICO

Deepfakes, transparencia en la campaña electoral y las fake news

Podemos enumerar tres elementos de discusión, que han aparecido tras las Elecciones Generales del 2021, que dan cuenta de los debates acerca de la desinformación electoral y la tecnología en el Perú.

Para el 2021 casi el 79% de la población en edad para votar (mayores de 18 años) eran usuarios de internet en el Perú. Por ello, en dichas elecciones hubo una campaña política mediática dominante en espacios digitales. Especialmente en Facebook, que es la red social más usada en Perú, con más de 28 millones de usuarios en el primer semestre de 2021. A continuación, se mencionan los tres elementos más importantes.

Primero. La propaganda electoral en redes sociales. Desde el tercer sector, el Informe “Reportes y Transparencia en gasto de propaganda en redes sociales” (2022) de Hiperderecho, aborda este problema. 

La organización señala que la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas dispone que cada partido realice dos entregas obligatorias de información financiera (artículo 34.5) lo que incluye aportes recibidos, ingresos y gastos efectuados. Si bien el gasto de propaganda electoral efectuados en medios de comunicación tiene un apartado para aquellos gastos realizados en el ámbito digital, Hiperderecho identificó los siguientes tres problemas: 

  • La Ley 28094 no exige especificar en qué plataforma se realizó el gasto.
  • La Ley no exige informar la cuenta que desembolsó el dinero y para qué página.
  • La Ley tampoco requiere la información sobre el tiempo por el que se contrató la propaganda electoral, ni la propaganda específica por la que se pagó. 

Esta situación afecta la transparencia y vulnera el derecho de acceso a la información pública del elector. Por ejemplo, a partir del tipo de red en el que se invierta más fondos se puede conocer cuál es el público objetivo del partido político.

De igual manera, se desconoce qué candidatos reciben mayor financiamiento para sus propagandas en redes sociales, o cuáles son las cuentas oficiales de los partidos. Respecto a este último punto, como dato para ilustrar esta situación, Hiperderecho, de las Elecciones Generales del año 2021, encontró lo siguiente:

“La herramienta de Ad Library ha permitido identificar páginas que surgieron durante la campaña electoral que no necesariamente pertenecen a un partido político. Sin embargo, muchas de estas páginas apoyan a un candidato o una determinada postura política y además hacen uso de los servicios disponibles por Facebook para difundirla.”

Además, OjoPúblico ha identificado que dos candidatos investigados por lavado de activos declararon gastos inferiores de los efectuados en su campaña política en redes sociales a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En palabras de dicha organización:

Desde enero del 2019 a mayo de 2023, según los registros de la librería de anuncios de Meta analizados por OjoPúblico, más de 13.000 cuentas creadas en Facebook e Instagram invirtieron un total de S/ 20’887.000 en anuncios de contenido político o social en Perú. Solo seis perfiles—todos vinculados al partido Podemos Perú—concentraron el 44% (S/ 9’267.000) del total publicitado.

Segundo. Los deepfakes y sus efectos en el proceso electoral. Al respecto, el director ejecutivo de Hiperderecho, Dilmar Villena, quien fue entrevistado por RPP Noticias para brindar su opinión, alertó sobre la desinformación que provoca el uso del deepfake de candidatos políticos.

Así, cualquier persona podría usar esta aplicación de IA para distorsionar los discursos políticos de cualquier candidato, llevando al error a los electores y viciando su voto.

Tercero. Los fake news en los procesos electorales. Durante las Elecciones Generales del 2021 se produjeron una serie de fake news alrededor de los candidatos presidenciales que se encontraban en los primeros puestos de las encuestas.

Uno de estos casos fue el presunto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial. En la cual competían Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular y Pedro Castillo del partido Perú Libre, quien fue finalmente elegido. 

La desinformación, iniciada por la oposición (Fuerza Popular y Renovación Popular) entre otros grupos políticos y económicos, llegó al punto de crearse una Comisión Investigadora en el Congreso de la República para investigar los hechos. Dicha Comisión se denominó Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales de 2021. Esta gastó un total de S/.148.478 soles, equivalente a $ 39,064 aproximadamente. 

Como resultado de la Comisión, el informe en mayoría que denunciaba acciones ilegales por parte del Jurado Nacional de Elecciones obtuvo 55 votos en contra, 42 votos a favor y 15 abstenciones. Por su lado, el informe en minoría que sostenía la inexistencia de fraude electoral obtuvo 49 votos en contra, 45 votos a favor y 17 abstenciones.

Este año 2023, la creación de esta Comisión Investigadora fue declarada nula por el Tribunal Constitucional (TC), el 7 de agosto, a partir del proceso de conflicto competencial recaído en el Expediente 00007-2021-PCC/TC. Interpuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el Congreso de la República. La sentencia del TC declaró fundada la demanda, por acreditarse que la creación de esta Comisión Investigadora afectaba las competencias del JNE. En su argumentación, el TC concluye que la creación de dicha Comisión “no fue válidamente aprobada, por cuanto no reunió el número de votos impuesto por el literal a) del artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República”.

ESTRATEGIAS

Una mirada multisectorial a las estrategias adoptadas en la lucha contra la desinformación electoral en Perú.

Estrategia desde el Estado, los medios de comunicación y los partidos políticos

En el sector estatal, los tres actores del sistema electoral son el JNE, la ONPE y el RENIEC. El JNE se encarga principalmente de fiscalizar la legalidad del proceso electoral y de administrar justicia en materia electoral¹. Por su parte, la ONPE tiene como objetivo velar por la libre expresión de la voluntad popular ciudadana, a través del voto en las elecciones, para lo cual gestiona y garantiza un proceso electoral libre, seguro y transparente.

El tercer actor del sistema electoral es el RENIEC, que tiene la función de elaborar y actualizar el padrón electoral, una lista con los datos de todas las personas que cuentan con DNI y pueden participar de las elecciones.²

En atención a los fake news en procesos electorales, destaca la labor informativa del l JNE y la ONPE durante el 2021.De un lado, el JNE creó el 2021 el Comité Técnico de Fact Checking (CTFC) en el marco de las Elecciones Generales. Este Comité inició una campaña mediática con el objetivo de ser un canal estatal oficial que funcione como un verificador de información electoral.

De otro lado, la ONPE, impulsó una Relatoría denominada “Diálogo Electoral 2021” encargada de la ejecución de eventos virtuales y publicaciones digitales. Entre estos, se encuentra el documento “Fake News en Elecciones” que abordó los efectos de este fenómeno y las herramientas para combatirlo.

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Asimismo, para las Elecciones Regionales y Municipales del 2022, la ONPE, siguiendo el ejemplo del JNE, comenzó con la iniciativa “ONPEChequea”. Se trataba de una iniciativa de monitoreo digital cuya finalidad consistía en:

Detectar e identificar contenidos falsos o engañosos sobre procesos electorales y, mediante respuesta con información oficial y contrastada, educar e informar a la ciudadanía de manera clara, efectiva y oportuna.

¡DILE NO A LAS NOTICIAS FALSAS! 🙅🙅‍♀️ con #ONPEchequea,

Durante las elecciones regionales y municipales 2022, en esta plataforma se desmintió un supuesto fraude electoral, que existieran personas fallecidas en el padrón electoral, que los extranjeros estén siendo obligados a ser miembros de mesa, entre otras noticias falsas.Estas acciones fueron acertadas para combatir la rápida expansión de fake news en plataformas digitales, que afecta principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas adultas mayores y personas en situación de pobreza.

En miras a la propaganda electoral en redes sociales, destaca, desde el sector público, el Proyecto de Ley 07907/2020-CR de la congresista Mirtha Vásquez, que recibió la colaboración de Hiperderecho. El objetivo de dicho Proyecto era regular la transparencia en el gasto de las organizaciones políticas en redes sociales y garantizar la protección de datos personales en la propaganda electoral.

Para este fin, se proponían modificaciones a la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas y a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Esta innovadora iniciativa lamentablemente no se convirtió en Ley y hasta la fecha no ha habido propuestas similares.

Por otro lado, siguiendo con los actores del contexto electoral, resaltan los medios de comunicación masivos. El JNE durante la campaña de las Elecciones Generales 2021 hizo un monitoreo de los medios de comunicación durante la primera vuelta. En su informe, enumera los medios nacionales de comunicación como América TV, ATV, Latina, Panamericana TV, RPP, entre otros, 

Cabe destacar que, dentro de estos, aparecen los únicos dos medios estatales, El Peruano de prensa escrita y digital, y TV Perú, canal de televisión y digital.

Un dato interesante en este contexto es la distribución de la cobertura electoral según el tipo de medio de comunicación. Así, del total de publicaciones relacionadas con las elecciones  (9937), la Web fue el principal medio de comunicación donde estas se difundieron o transmitieron. Representando un 41% del total, superando así a la televisión (36%), el medio impreso (14%) y la radio (9%).  

Será entonces fundamental para las siguientes elecciones reforzar las acciones para combatir la desinformación en los procesos electorales, así como proponer nuevas acciones de cara a los deepfakes, la transparencia en los gastos de partidos políticos en la campaña digital y los fakenews.

Para ello, dado que la discusión pública se desarrolla principalmente en los espacios digitales, es necesario enfrentar los desafíos pendientes en cuanto a analfabetismo digital, acceso a internet y uso de datos personales durante la campaña política digital. 

Finalmente, respecto a los partidos políticos, se debe tomar nota del Pacto Ético Electoral frente a la desinformación electoral. El Pacto Ético Electoral es una iniciativa del JNE que se realiza desde el 2005 en los distintos procesos electorales como en las elecciones generales, elecciones regionales y municipales, y elecciones municipales complementarias.Su objetivo es reforzar la institucionalidad democrática en el Perú, promoviendo el respeto mutuo entre partidos, así como el voto responsable e informado.

Se tomará como ejemplo del alcance de este pacto a las Elecciones Generales del año 2021 y las Elecciones Regionales y Municipales del año 2022.

En las primeras, se indicaba como compromiso para los partidos priorizar el uso de plataformas virtuales, herramientas digitales y mecanismos alternos no presenciales en las campañas electorales. Además, el pacto incluyó lineamientos de conductas en redes sociales, a fin de combatir la desinformación, información falsa y agravios en tales plataformas. Entre estos lineamientos, se encuentra el uso responsable de la inteligencia artificial, se fomenta evitar usar bots o cuentas falsas y evitar campañas de manipulación.

Reconociendo el esfuerzo, es necesario aclarar que esta norma termina siendo dispositiva y pese a sus recomendaciones, los hechos indican que el clima electoral fue hostil y replicó conductas agresivas en medios digitales. Por mencionar un ejemplo, dentro del ranking de tendencias en Perú en Twitter, se encontraba el #CastilloTerrorista.

Sumado a ello, si bien la mayoría de los partidos políticos suscribió el pacto ético electoral, hubo cuatro que se rehusaron a firmalo.

De otro lado, en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022, el Pacto Ético Electoral suma a lo dispuesto por su predecesor algunas previsiones adicionales.

Por mencionar un ejemplo, incluye protecciones al uso de datos y bases de datos personales (punto 11).

Asimismo, en sus lineamientos de conducta en redes sociales añade concretamente dos lineamientos específicos:

  • Mencionar fuente, año, link, portal web o autor cuando se publique información, datos o estadísticas de temas de interés nacional.
  • Promover una campaña programática en las redes sociales, utilizando las nuevas tecnologías para difundir de manera adecuada sus planes, propuestas y argumentos.

En lo positivo, se destaca el uso de un lenguaje más impositivo, y de mandatos de no hacer, en comparación con el Pacto Ético Electoral del 2021. De igual forma, es de reconocer las disposiciones específicas para combatir la desinformación en el contexto electoral.

En cuanto a lo negativo, llama la atención que en la plataforma oficial del JNE ambos pactos electorales del 2021 y 2022 se encuentren en un formato no accesible: En efecto,  el JNE no usó un formato html para publicarlo. Hacerlo hubiera permitido que el contenido del pacto figure en los motores de búsqueda web y sea accesible para las aplicaciones de lectura que usan las personas con discapacidad visual.

Otra frente de lucha: asociaciones que informan

 

Además de los ejemplos de iniciativas ya descritos, enfocándonos en las asociaciones y medios de prensa independientes, podemos mencionar cinco ejemplos de iniciativas para luchar contra la desinformación electoral en el Perú. 

Primero, desde Hiperderecho algunas de las acciones más importantes que se impulsaron para combatir la desinformación electoral fueron dos publicaciones y una acción conjunta colaborativa con la congresista Mirtha Vásquez.

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En cuanto a las publicaciones, la primera se tituló “Uso de Herramientas Digitales en las Elecciones 2021”. Su objetivo era informar sobre el impacto que tuvo el uso de redes sociales por parte de los candidatos. Además, se contrastó dicha información con los resultados electorales.

La segunda publicación fue “Reportes y transparencia en gasto en propaganda en redes sociales”. Suobjetivo fue informar sobre los riesgos en la transparencia que evidenció el reporte oficial de gastos de los partidos políticos en propaganda en medios digitales durante las Elecciones Generales del 2021.

Además, Hiperderecho colaboró con la congresista Mirtha Vásquez para la presentación del referido Proyecto de Ley 07907/2020-CR. Este tenía como una de sus finalidades regular la transparencia en el gasto de organizaciones políticas en redes sociales.

Segundo, la Red Ama LLulla, que se originó en las Elecciones Generales del 2021, posicionándose como la primera red de medios independientes para la verificación del discurso público y combate de la desinformación en la campaña electoral.

Esta Red, que cuenta con el impulso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, está conformada por Ojo Público, LaMula.pe, IDL-Reporteros, Convoca, Útero.pe, Ideele Radio, El Filtro, Sudaca.pe, El Búho, Noticias Trujillo y EG.

Tercero, la asociación “A mí no me la hacen” surgió también en el marco de las elecciones del 2021, a raíz de la necesidad del fact-checking y en respuesta a la desinformación electoral. 

La asociación se postula como un centro de investigación educativa dedicada a la Alfabetización Mediática e Informacional.

Cabe mencionar que esta asociación ganó el premio de la UNESCO por su trabajo durante el 2021 a favor de la Alfabetización Mediática e Informacional.

Cuarto, entre las plataformas de periodismo independiente se puede mencionar a Ojo Público, que cuenta con la sección “Ojo biónico” donde se publican noticias bajo las etiquetas y apartados de “verdadero”, “engañoso”, “no verificable” y “falso”.

Esta acción digital fue implementada el 2022, por lo que cubrió una serie de noticias en las contiendas electorales regionales y municipales, referidas a una declaración sobre el número de votos que obtuvo un partido político y a la información que dio un candidato en el marco de un debate público. Cabe agregar también que Ojo Público cuenta en su equipo con una editora específica encargada del fact-checking.

Finalmente, destaca la publicación “Tecnologías Digitales y Elecciones en el Perú” del 2021, elaborado por Democracia & Desarrollo Internacional (D&D Internacional) y su directora Elaine Ford.

Esta publicación incluye varios capítulos sobre la lucha contra la desinformación durante las Elecciones Generales del 2021. 

Entre ellos, resalta el capítulo 3 sobre las noticias falsas, el 4 sobre el Pacto Ético Electoral, el 6 sobre las encuestas falsas, el 8 sobre el anonimato o las cuentas falsas y el 10 sobre el fact-checking electoral. 

Además, dentro de la publicación se ofrece un decálogo para combatir noticias falsas, donde se advierte de fuentes desconocidas, fotografías o videos adulterados, envíos masivos, entre otros riesgos.

De esta manera, las acciones, organizaciones y alianzas mencionadas se crearon para combatir la desinformación que se gestaba en los contextos electorales, principalmente del 2021. Es importante mencionar al respecto, que el clima de desinformación tuvo como una de sus fuentes determinantes a los partidos políticos. 

Por recordar un par de ejemplos, en el 2021 el entonces candidato a la presidencia por el partido Renovación Popular,  Rafael López Aliaga, hoy alcalde de Lima, apoyó y difundió información falsa relacionada al Covid-19. Además, emitió discursos de odio contra personas migrantes y mujeres; e inclusive señaló como terroristas a candidatos y ex funcionarios del Estado, incluyendo al ex presidente del Perú, Francisco Sagasti.

Otro ejemplo, es el de Fuerza Popular, partido que postulaba como candidata presidencial a Keiko Fujimori, quien tras perder las elecciones, inició una campaña de desinformación. Alegando que se produjo un supuesto fraude electoral y explicando, para sostener su postura, que se emitieron actas falsas de defunción

Incluso, el partido Fuerza Popular inició denuncias por una presunta falsificación de firmas de miembros de mesa. Las cuales fueron resueltas por el JNE que, tras diligencias fiscales, archivó las denuncias por no comprobarse tal falsificación. Hoy, la campaña contra el falso fraude electoral es investigada por el Ministerio Público, por el delito de lavado de activos y con la agravante de organización criminal.

Estas son entonces las principales iniciativas de distintas agrupaciones, varias de ellas creadas, como se ha visto, frente a la necesidad de verificar información y combatir la desinformación política y electoral generada durante la contienda electoral del 2021. En líneas generales, las plataformas referidas se mantuvieron activas también ante las noticias falsas que surgieron en las Elecciones Municipales y Regionales del 2022.

Por su trayectoria e importancia, se espera que las iniciativas continúen y se dupliquen en las próximas contiendas electorales. Teniendo en cuenta que así como aparecen estos nuevos espacios digitales, aparecerán nuevas formas de desinformación, como los deepfakes o las innumerables páginas falsas que se dedican a manipular el voto a través de noticias engañosas en redes sociales. 

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¹Artículo 178 de la Constitución.

²Artículo 183 de la Constitución.

Accede a los otros análisis

¿Cómo afecta la desinformación electoral a cada país de América Latina? En esta sección, puedes acceder a guías que abordan los impactos de la desinformación electoral y las estrategias para combatir este fenómeno por país. Las guías son proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil del país analizado.

Argentina

Guía creada por la organización Democracia en Red.

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Brasil

Guía creada por el Instituto Vero.

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